En un enfrentamiento, cuando un oponente ataca una y otra vez, pese a ser rechazado, vale considerar que el atacado no corresponde con la misma fuerza o no tiene la más mínima intención de defenderse. Lo peor sería que, aún queriendo defenderse no quiera hacerlo porqué no sabe cómo o porque teme las consecuencias que su rechazo pueda provocar.
En la Argentina, desde el momento mismo del conflicto aún vigente entre el sector agropecuario en general y el Gobierno en particular, vivimos en un escenario hostil que se proyecta a las cuestiones más cotidianas. Desde el Gobierno, materializado en la gestión inocultable de Néstor Kirchner a través de su esposa, se ha adoptado esta suerte de estrategia callejera mediante la cual ya resulta habitual la costumbre de agredir a todo quien rechace las políticas de estado, no importa el argumento de que vivamos en democracia o si tal o cual resolución o proyecto de ley no cuente con la aceptación de buena parte de la ciudadanía. De hecho, se han apropiado de los fondos -ya devaluados- de las AFJP, sin importarles un comino la voluntad de los afiliados, por ejemplo, por no mencionar que casi por decreto no hay inflación y que los índices de pobreza, coincidentes en los resultados de diversos métodos, no son tales sino el producto de una invención mediática que intenta desestabilizar la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Ciertamente, pese al rechazo, no hay quien pueda con ellos. Aún después de los resultados de los comicios legislativos, que dibujaban un panorama más alentador, propuestas tales como la mentada Ley de Medios y su avance en el Senado indican que el arco opositor carece de la fuerza necesaria o no sabe cómo ganar con otras propuestas. Lo peor, para todos los argentinos, es que la oposición pierde fuerza en el recinto legislativo por la aspiración de sus propios intereses individuales, lo que constituye su principal debilidad. Mezquindades tales han provocado más daño a las instituciones que todos aquellos que podamos echarles en cara al matrimonio presidencial.
Mientras en el Senado se debate –¿se debate?...- la casi resuelta Ley de Medios, se ha hecho público otro escenario de confrontación, no menos importante, donde se traduce el carácter intervencionista de este Gobierno, a través de los dichos de Guillermo Moreno. El "nunca bien ponderado" Moreno manifestó la intención de hacerse cargo, hasta por la fuerza, de una de las dos plantas elaboradoras de papel para diario. Nada que al público en general le importe, porque esto no es la “televisación del fútbol” gratuita, y Papel Prensa S.A. -nada más que el principal productor- no es más que el resultado de un beneficio alcanzado por algunos medios nacionales en las épocas de gobiernos de facto, casualmente. Un proyecto más que cuestionado, toda vez que para su creación –y durante años- se determinaron gravámenes a la importación de papel para diario en detrimento de cientos de medios gráficos en todo el país; los mismos que hoy –aún cuestionando su historia- se abastecen con una parte de su producción ya que el porcentaje mayor es consumido por sus propietarios.
Así como con la futura ley de medios de radiodifusión, la intención de intervenir en el mercado de papel cargando la ofensiva contra Papel Prensa S.A. –cualquiera haya sido el origen de su constitución- es la consecuencia del enfrentamiento de Néstor Kirchner con el Grupo Clarín, accionista mayoritario en la empresa. El Estado, por si Ud. no lo sabe, tiene un poco más de la cuarta parte en las acciones, y exhibe una gestión que durante treinta años no promovió beneficio alguno –bajo ningún gobierno, fíjese- en favor de esos cientos de diarios y periódicos que contribuyeron, gravámenes mediante, a la creación de la primera fábrica de papel para diario nacional. Esos medios, repartidos en todo el territorio, suelen ser tanto o más críticos que los nacionales. Ud. cree que este Gobierno ¿les garantizará el papel o privilegiará el abastecimiento con un criterio selectivo de acuerdo a los titulares? ¿No sería mejor, lejos de un enfrentamiento que culmine desastrosamente y en bien de la tan bastardeada democracia, transferir la participación del estado legitimando la contribución fiscal que se impuso a sus consumidores?
Ud. puede estar a favor en contra, también puede cambiar de canal o leer el diario que más le guste y de vez en cuando darse una vuelta por Blogging About, pero sepa que tratándose de diversidad en los medios de información el Estado no debiera intervenir sino en la administración del espacio y para garantizar la pluralidad del concepto y la obtención de los recursos. En todo caso, a la vista de las circunstancias y por aquello de que las historias se repiten, todo parece indicar que en materia de radiodifusión y papel, por estas latitudes, las cosas seguirán iguales y solo cambiarán de mano.
